Carlos Bellott, constitucionalista y miembro del IBU, sostiene que la primera tarea de los nuevos gobiernos departamentales y municipales es planificar su gestión de cinco años, recogiendo en ella sus promesas de campaña. El instrumento para hacerlo es el Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI).
El autor advierte que aplicar los lineamientos metodológicos emitidos por el Gobierno central refuerza el centralismo, porque la planificación es una competencia exclusiva de cada gobierno autónomo. Además, esos lineamientos son tan complejos que empujan a contratar consultoras en lugar de que las propias autoridades planifiquen.
Propone un camino más sencillo: un diagnóstico participativo que identifique los problemas del territorio con indicadores basados en datos; metas calculadas a partir del techo presupuestario de los cinco años; y acciones definidas junto a la ciudadanía, como exige la Constitución. El equipo técnico completa el plan con responsables, presupuesto, cronograma y mecanismos de seguimiento, de modo que cada año genere su POA. Según su estimación, el proceso no debería tomar más de siete meses.
Para lograrlo, plantea que los órganos legislativos aprueben al inicio de la gestión sus propias leyes de planificación, y que la Ley 777 del SPIE se limite a coordinar la concordancia entre los planes de los distintos niveles de gobierno.